Presentación
Actualmente México enfrenta una clara crisis de derechos humanos y de legitimidad de los poderes públicos. Esto se hace evidente en múltiples conflictos políticos y sociales, los cuales ponen a prueba el diseño institucional que desde hace unas décadas se ha ido construyendo en nuestro país como producto de una relación compleja entre gobierno y sociedad, en donde el diálogo es una herramienta indispensable para la gobernabilidad democrática. En este contexto, los esfuerzos que desde
1997 se fueron dando en esta materia en la Ciudad de México se vieron robustecidos con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de noviembre de 2011 y con la Reforma Política de 2015, que habría de reconocer la soberanía que tienen todas las personas habitantes de esta gran ciudad. Dentro de este impulso innovador, cobran relevancia el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del mismo, como dos instrumentos acordes con la obligación gubernamental de dar a las políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno un enfoque basado en derechos humanos. Por ende, podemos destacar el carácter público y no solamente gubernamental de estos dos instrumentos.
A nivel nacional, la Ciudad de México se ha ido construyendo como una ciudad incluyente y de derechos. La actualización del Diagnóstico (2008) y el Programa (2009) de Derechos Humanos del Distrito Federal es la primera experiencia en su tipo. De nueva cuenta sienta un precedente y se constituye como un referente para la progresiva actualización de los programas estatales de derechos humanos. En un ejercicio colectivo y participativo, se incorporaron las lecciones aprendidas del proceso anterior, con la única finalidad de fortalecer la implementación de las acciones públicas dirigidas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como de facilitar el seguimiento y una efectiva evaluación del Programa.
Los desafíos siguen siendo muchos. Sin embargo, la publicación de esta actualización permite fijar un precedente importante que pone las bases para hacer un ejercicio de gobierno distinto, aspirando a hacer realidad que el goce pleno de los derechos humanos se refleje en la vida cotidiana de todas las personas que viven y transitan por la Ciudad de México.
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